Desaparición forzada, vivir en la incertidumbre

Morelia, Mich., 29 de julio de 2019.- La desaparición forzada se ha usado a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad.

La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo. Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes. Es motivo de especial preocupación:

• el acoso de los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los testigos y los abogados que se ocupan de los casos de desaparición forzada;
• el uso por los Estados de la lucha contra el terrorismo como excusa para el incumplimiento de sus obligaciones;
• y la todavía generalizada impunidad por la práctica de la desaparición forzada.

Debe prestarse también especial atención a los grupos de personas especialmente vulnerables, como los niños y las personas con discapacidad.

Si los gobiernos no saben realmente dónde están recluidas las personas desaparecidas, deben hacer un mayor esfuerzo para averiguarlo. Si lo saben, deben dejarlas en libertad, o, si han muerto, ofrecer información detallada sobre el lugar donde ocurrió. 
Las mujeres son quienes generalmente encabezan la lucha por averiguar lo ocurrido durante los minutos, días y años que transcurren desde la desaparición, exponiéndose ellas mismas a sufrir intimidación, persecución y violencia 

Además, cuando un miembro fundamental de la familia desaparece, la seguridad económica puede esfumarse. La persona desaparecida suele ser el principal sostén económico de la familia, la única capaz de cultivar el campo o llevar el negocio familiar. Esta situación puede llegar a empeorar debido a algunas leyes nacionales que no permiten cobrar una pensión ni ninguna otra ayuda si no se presenta el certificado de defunción.

Sin saber si su ser querido volverá alguna vez, la familia vive en una situación de absoluta incertidumbre.