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MensajearMorelia, Mich; 30 de julio de 2017.- Con las nuevas atribuciones en el marco el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), tiene la tarea y la enorme responsabilidad de prevenir desvíos de fondos y evitar que haya gobernadores que se enriquecen a costa del erario público, expresó el Coordinador de los Diputados del PAN, Marko Cortés Mendoza.
Señaló que hasta que hubo alternancia en estados como Chihuahua, Quintana Roo o Veracruz fue posible iniciar investigaciones e instaurar cargos en contra de los ex gobernadores priistas, a pesar de que ya figuraban en la lista de las entidades con mayores irregularidades y desvíos de fondos, de acuerdo con datos de la ASF.
Los ex gobernadores Javier Duarte, Humberto Moreira, Jorge Herrera, César Duarte y Roberto Borge son quienes encabezan la lista de gobernadores con más desvíos e irregularidades durante su gestión. En el sexenio de Duarte en Veracruz sumó 35 mil millones; el de Moreira en Coahuila, 32 mil millones; el de Jorge Herrera en Durango, 15 mil millones; en el de César Duarte en Chihuahua, 7,800 millones y el de Roberto Borge en Quintana Roo por 4,700 millones de pesos.
“A excepción de Coahuila, donde está por concluir su mandato Rubén, el hermano de Humberto, los nuevos gobiernos emanados de Acción Nacional emprendieron las acciones correspondientes para llevar a la cárcel a estos ex gobernadores que se hicieron multimillonarios a costa del pueblo. Por eso es importante que se anulen las elecciones en Coahuila, para que finalmente se puedan fincar responsabilidades a los Moreira”, comentó.
Por eso es fundamental el rol que habrá de jugar en esta nueva etapa la ASF, ya que en tiempo real podrá generar condiciones de control, transparencia y buen uso de los recursos federales en las entidades federativas y los servidores públicos sabrán que estarán vigilados permanentemente y tendrán que rendir cuentas.
“Lamentablemente el regreso del PRI al Gobierno representa una nueva era de impunidad en México, ya que evitó actuar en contra de gobernadores contra los cuales existía evidencia de desvíos millonarios y otros probables delitos como lavado de dinero, cuentas e inmuebles en el extranjero y hasta vínculos con la delincuencia organizada. Esta etapa debe terminar por el bien de México”, concluyó.
