Taxistas inconformes con empresas “pirata” Uber y Cabify

Ciudad de México, a 28 de octubre de 2016.- A partir de una “opinión” no vinculante de la Comisión Federal de Competencia (Cofece), el diputado federal panista Alfredo Javier Rodríguez Ávila “pretende realizar un traje a la medida” de las empresas “pirata” Uber y Cabify para que particulares con vehículo presten servicios de transporte terrestre, sin permiso y sin cumplir con los requisitos mínimos indispensables ante las autoridades, acusaron las empresas operadoras de transporte público en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de esta capital.

La vocera de los taxistas del aeropuerto, María Guadalupe Espinosa Martínez, agregó que con la iniciativa del diputado Rodríguez Ávila “cabe la posibilidad de que exista un conflicto de intereses porque él también, de forma particular está dentro del sector, al ser dueño o presidente de la empresa Corsa Transportes, en Monterrey, dedicada al traslado de mercancías en vehículos pesados, incluyendo de doble remolque (…) No sabemos si ya también esté dentro del negocio de Uber o Cabify, como hay muchos empresarios que compraron autos para meterlos al servicio pirata”. 

Acompañada por sus compañeros del Frente de Taxistas Concesionados y Organizados de la Ciudad de México, miembros del Movimiento Nacional del Taxi que se manifestó el pasado 12 de octubre en el Ángel de la Independencia, Espinosa Martínez dijo que la Iniciativa del diputado panista “es a todas luces inconstitucional, ya que atenta contra los artículos 25 y 28 de nuestra Carta Magna donde se prevé que los servicios de transporte terrestre deben estar sujetos a concesión”.

“El Proyecto de Ley es violatorio porque se pretende incluir como modalidad a las empresas administradores de plataformas tecnológicas también llamadas Empresas de Redes de Transporte (ERT); que a estas empresas se les contemple en un “esquema regulatorio” totalmente desregulado, en donde no se encuentren sujetos a mayor requisito que el de un vehículo y un chofer; y sin sujetarse a una autorización en las tarifas que ofertan.

En voz de la vocera Guadalupe Espinosa, los taxistas destacaron que “las modalidades a las que se refiere nuestra Constitución se encuentran contempladas ya en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y son las correspondientes a la carga, al pasaje y al turismo, y lo que erróneamente se pretende legislar es una forma de comercializar un servicio que federalmente ya existe, por lo que no hay cabida para la implementación de una nueva modalidad”.

Los taxistas de los aeropuertos, acompañados de sus compañeros del Frente de Taxistas Concesionados y Organizados de la Ciudad de México, advirtieron que: 

“En su caso las personas físicas o morales deberán acotarse a lo ya determinado en la normatividad vigente y someterse a la regulación con la que ya cumplimos todos los que pretendemos prestar un servicio igual; y registrar sus tarifas ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que de esta forma se dé certeza y seguridad jurídica a los usuarios del servicio”.

Espinosa Martínez agregó: “Lo que nosotros solicitamos es sólo que se aplique la ley, no nos negamos a la libre competencia, pero que esa competencia sea con suelo parejo (..) Pero al carecer de concesión, protegen a estas empresas porque les permiten que haya una gran rotación de vehículos, siempre en buenas condiciones, porque siempre hay quien cae en la trampa, y donde el que gana es el dueño de la plataforma y sus socios en México; esto es una competencia desleal. Entonces nosotros decimos, sí a la tecnología, pero dentro de la ley como estamos nosotros, no de forma ilegal como lo hacen hoy”.

Y terminó: “Está clara nuestra petición: que a las empresas piratas extranjeras les pongan un alto, porque en la mayoría de los estados, el realizar la transportación de pasajeros por una contraprestación, sin contar con un permiso o concesión, es un delito.

En tanto, Hugo Guerrero, en representación de otra de las empresas que trabaja en el aeropuerto, destacó que los taxis concesionados de la central aérea forman parte de la Seguridad Nacional: “al ser nuestro país el de mayor relación con Estados Unidos, la seguridad del pasajero inicia desde que aborda el avión y termina en el momento que el taxista lo deja en su destino”.

Señaló que además de cumplir con los pagos que exigen las autoridades para poder realizar su trabajo, tienen que pagar derecho por acceso a zona federal: “Pagamos por la contraprestación de acceso a zona federal, superior al millón de pesos mensuales, además de derechos y personal operativo; es un robo en despoblado la operación de estas empresas que pagan ningún impuesto ni derechos”.

Finalmente Juan Piña Bernal, a nombre de los taxistas de terminales denunció que la corrupción del Gobierno Capitalino es la que solapa la inseguridad del usurario al ser el brazo ejecutor en favor de taxis piratas, ya que los operativos sólo se aplican a los taxistas concesionados mientras que los ilegales circulan descaradamente frente a las autoridades. La complicidad del Gobierno permite la operación de transporte son concesión.

El Movimiento Nacional del Taxi ya abarca 29 estados de la República y próximamente se reunirán los dirigentes nacionales para dar los siguientes pasos en su lucha para lograr que se ponga un alto a las intenciones del diputado federal panista Alfredo Javier Rodríguez Ávila y poder desterrar a las empresas transnacionales “piratas” del mercado mexicano al que están perjudicando hasta en un 40 por ciento.