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MensajearCiudad de México, 3 de abril de 2025.- Este 30 de marzo dieron inicio las campañas para la elección judicial del próximo 1 de junio, en la que se renovarán 881 cargos a nivel federal y múltiples plazas en tribunales locales de 19 entidades. Sin embargo, la contienda ha generado controversia debido a que varios aspirantes enfrentan acusaciones que van desde corrupción hasta vínculos con el crimen organizado.
Uno de los casos más polémicos es el de Andrés Montoya García, quien busca una magistratura en el Tribunal Colegiado de Apelación del Quinto Circuito, en Sonora. De acuerdo con la organización civil "Defensorxs", Montoya García ha sido señalado por su presunta relación con la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota en 2005, cuando el abogado se desempeñaba como subdirector general del Sistema Estatal Penitenciario de Sonora.
Además de Montoya García, el listado de "Defensorxs" incluye a otros aspirantes con antecedentes preocupantes. Entre ellos se encuentran Fernando Escamilla Villarreal, conocido por su defensa legal a miembros del cártel de "Los Zetas"; Job Daniel Wong Ibarra, ministro de culto de "La Luz del Mundo"; y Francisco Martín Hernández Zaragoza, exfuncionario destituido en 2015 por corrupción y lavado de dinero, quien ahora busca una magistratura en Jalisco.
Otro caso alarmante es el de Jesús Humberto Padilla Briones, quien en 2023 fue detenido en Nuevo León con drogas y armas de fuego. También figura en la contienda Samuel Ventura, juez señalado por ordenar la liberación de Gildardo López Astudillo, presunto implicado en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
A pesar de los antecedentes de varios aspirantes, la elección sigue su curso, lo que ha generado críticas sobre la transparencia y los criterios de selección en el sistema judicial. Diversas organizaciones han exigido una mayor fiscalización de los candidatos para evitar que individuos con historiales cuestionables ocupen cargos clave en la impartición de justicia.
A menos de dos meses de los comicios, la ciudadanía y los organismos de derechos humanos permanecen atentos al desarrollo de la contienda, con la incertidumbre de si estos señalamientos influirán en el resultado final o si la estructura judicial permitirá que los candidatos señalados accedan a los cargos.
