El Derecho a Recibir Clases

Morelia, Mich., a 20 de abril de 2016.- Contar con una mejor educación se ha convertido en un objetivo cada vez más importante para la opinión pública michoacana, que también es reconocido como una de los tres grandes retos asumidos por el Ing. Silvano Aureoles Conejo, Gobernador del Estado para realizarse para nuestra entidad durante su periodo.

Al respecto, una de las demandas más sentidas de los estudiantes y padres de familia es contar con ciclos escolares completos y confiables, con planes y programas de estudio cumplidos en calidad y cantidad. Para nadie en la entidad es un secreto que, con sus muy honrosas excepciones, muchas comunidades de aprendizaje michoacanas han transgredido el debido cumplimiento del calendario escolar durante años.

Los pretextos esgrimidos para poder abandonar las aulas y dejar a su suerte el aprovechamiento de decenas de generaciones juveniles han sido variopintos, pero nunca han sido verdaderas justificaciones.

El disfraz ideológico que han colocado al oportunista método de construcción de puentes vacacionales es cada día menos efectivo y están desenmascarados ante los michoacanos. Hoy es del dominio público que los supuestos “paros indefinidos”, “marchas”, “plantones” y todo el arsenal de tácticas de presión inherentes a los profesionales de la protesta seudoeducativa, son convocadas convenientemente para fabricar periodos largos de asueto y para generar condiciones de chantaje político para arribar a la obtención de recursos económicos y toda clase de privilegios para las cúpulas que en perverso accionar, destruyen lo que vocacionalmente aducen defender, promover y representar.

Al respecto, desde hace varios años, Mexicanos Primero ha entablado una defensa mediática del derecho a recibir clases de todos los alumnos, conforme a lo estipulado en la normatividad aplicable en la materia. Este posicionamiento constante ante la opinión pública se ha ido acompañando en tiempos recientes de una lucha jurídica, a través de la organización Aprender Primero, que es el brazo jurídico de Mexicanos Primero y que a través de litigios estratégicos ha iniciado un inédito sendero en pro de la justiciabilidad del derecho a la educación en la nación.

Por poner un ejemplo, en septiembre de 2015 se presentó una denuncia de hechos ante la PGR en contra de quien resulte responsable por permitirse el pago indebido del salario del Profr. Juan José Ortega Madrigal, entonces Secretario General de la Sección XVIII de la CNTE, quien no devengó debidamente sus emolumentos, al encontrarse documentadas sus inasistencias a su centro de trabajo, al menos durante 99 de los 201 días laborables que estipuló el Ciclo Escolar 2014-2015.

Esta serie de acciones legales han permitido dar pasos importantes a nivel nacional, en comunidades en las cuales no había esperanza de que se regularizara esta clase de anomalías ni en el corto ni en mediano plazo. Una de las acciones bandera que ha emprendido Aprender Primero se realizan en torno a la causa denominada Justicia para Oaxaca, cuyos resultados en su tercera etapa se presentaron el pasado miércoles 13 de abril en rueda de prensa nacional, siendo éstos relativos a los logros obtenidos a raíz de la demanda interpuesta por tres familias de Oaxaca, acompañadas del brazo jurídico de la organización Mexicanos Primero ante las autoridades estatales (IEEPO) por dejar a sus hijos sin clases por más de dos semanas seguidas durante el pasado ciclo escolar. La razón del abandono de las labores escolares fue la realización de paros convocados por la dirigencia de la Sección XXII de la CNTE. Cabe hacer notar que el principal resultado anunciado en la rueda de prensa citada, que fue el amparo otorgado a las familias mencionadas, resulta un hecho histórico porque está generando una nueva avenida legal para que las familias de todo México cuenten con medios efectivos para defender el derecho de sus hijos a tener un servicio educativo que satisfaga las altas expectativas de los mexicanos.

Esta acción sin precedentes sienta asimismo cuestionamientos y posibilidades para Michoacán. En donde la exigencia de que haya doscientos días efectivos de clases durante cada ciclo escolar en todos los planteles de nuestra entidad no es nueva. Después de realizarse un amplio esfuerzo de consenso y participación ciudadana, en 2011 se firmó la Agenda por la Transparencia y Buen Gobierno con Corresponsabilidad para el Desarrollo Integral de Michoacán, impulsada por más de 76 organizaciones de la sociedad civil y aceptada por los entonces candidatos a gobernador. Posteriormente, en 2012, esta demanda se convirtió en una acción a realizarse, enunciada en el Plan de Desarrollo Integral para el Estado de Michoacán, 2012-2015, que lamentablemente nunca logró hacerse efectiva. Hoy existe el compromiso de la administración estatal por evitar la suspensión de clases. Asimismo, el pasado 23 de septiembre de 2015, Mexicanos Primero lanzó la rueda de prensa titulada “Justicia para Michoacán”, en donde se informó a la opinión pública que de 2010 a 2015 se perdieron 257 días de clases en las escuelas públicas michoacanas, de acuerdo a evidencias hemerográficas. Cabe hacer notar que en la reciente rueda de prensa para el caso oaxaqueño, se mencionó que de 2011 a 2015 en aquella entidad federativa se acumularon 105 días sin clases. Es decir, en Michoacán se han perdido más del doble de días de clases que en aquella entidad, por lo que las condiciones están dadas para elevar el tono de la exigencia y seguir el ejemplo que nos ponen los paterfamilias oriundos de la tierra natal de Benito Juárez, respecto a poner manos a la obra colectivamente en cuanto a realizar acciones legales, declarando desde la ciudadanía a todas las actividades del proceso enseñanza –aprendizaje estatal como un bien superior inviolable.

Innegablemente, para este 2016 todos los actores del sistema educativo deben fijarse como alto objetivo que en Michoacán se consoliden ciclos escolares completos en todas las aulas. Con la participación constructiva de todos será una medida tersa que permitirá lograrse de la mejor manera el objetivo. Si se brinda el escenario de afrontar paros indefinidos y toda clase de chantajes descarados a la autoridad, secuestrando el derecho a la educación de más de un millón de estudiantes michoacanos, se debe de hacer cumplir la normatividad aplicable en la materia, implementando los mecanismos necesarios para que un acto indebido de esta naturaleza no vuelva a quedar impune en nuestra entidad. Por lo anterior, debido a las circunstancias históricas en que se encuentran algunas comunidades educativas de Michoacán, la ruta jurídica no debe descartarse. Empero, la participación de los padres de familia, maestros y estudiantes son determinantes para que se haga efectivo el derecho a aprender.

Especialmente, dada nuestra situación educativa actual, los que se han enriquecido a costa de cercenar el ciclo escolar ya deben hacer conciencia y comprender que los tiempos de la rapiña llegaron a su fin. Independientemente de que se suscite un milagroso cambio de actitud en ellos, ni la autoridad establecida, ni la sociedad michoacana, ni la base que los sostiene no debe ni puede seguir siendo permisiva con semejantes actitudes incorrectas, ya que se hipoteca el futuro de la entidad y se procrastina su desarrollo para posteriores generaciones, sembrando la semilla de la infelicidad, de la pobreza y la marginación en miles de jóvenes michoacanos. Luchemos por verdadera justicia social para Michoacán a través de una educación de calidad

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