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MensajearMorelia, Mich., a 6 de febrero de 2025.- Un escándalo de corrupción en la Fiscalía General del estado de Michoacán (FGE), tocó a las puertas del Congreso del estado, donde una víctima de corrupción exige a la legislación local formar una comisión para investigar a un Fiscal y un agente del Ministerio Público, con quienes hizo un acuerdo para entregarles casi un millón de pesos por ayuda para judicializar un fraude, pero terminaron quedándose con más de 150 mil pesos sin ayudarlo a resolver su caso, según denunció.
La víctima, representante de una empresa aguacatera de Michoacán, se acercó al Congreso del estado para pedir ayuda de los legisladores, al ser objeto de un fraude por 8.2 millones de pesos por una empresa en Jalisco, y luego ser revictimizada en la Fiscalía del estado.
En busca de justicia, el representante de los afectados acudió a la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Fiscalía General del estado de Michoacán, donde se reunió con el titular de esa fiscalía, Jorge Alberto Camacho Delgado.
Este personaje es doctor en derecho y labora para el Estado desde que existía la Procuraduría General de Justicia del estado, ahora Fiscalía General; asimismo, es autor del libro “Protocolo de Actuación y Buenas Prácticas del Agente del Ministerio Público en el Sistema Penal Acusatorio”, que fue presentado por el propio fiscal del estado en el año 2022.
Según la denuncia, el representante legal acordó con el fiscal Camacho Delgado, entregarle el 10 por ciento del monto a recuperar, es decir, 820 mil pesos, a cambio de ayuda para judicializar el caso y aprehender al presunto responsable del fraude, identificado como Emmanuel Alejandro Colmenares Peña, quien apenas en 2022 estaba haciendo sus prácticas escolares en el Ayuntamiento de Autlán de Navarro, Jalisco, pero que se las ingenió para hacerse millonario poco después a costa de los michoacanos.
Estos hechos se remontan a marzo de 2023, mismo mes en el que comenzaron las exigencias de dinero por parte del fiscal Camacho Delgado, a través del agente del Ministerio Público René Carlos Espinoza Albarrán. Primero fueron 10 mil pesos que se le depositaron a este funcionario y otra persona, y meses después se hicieron cuatro depósitos más, para “actos de investigación”.
La denuncia muestra el descaro de los funcionarios, quienes a través del encomendero René Carlos Espinoza, recibieron 135 mil pesos en efectivo en una ocasión, y pidieron 25 mil más, supuestamente para la audiencia donde se giraría la orden de aprehensión del sospechoso.
Sin embargo, el representante legal cansado de los cobros por fuera del acuerdo inicial, les dijo que no logró reunir el dinero, a lo cual los funcionarios respondieron diciéndole que dejarían de apoyarlo e incluso lo retaron a denunciarlos.
Al dirigirse a la Fiscalía de Asuntos Internos, los funcionarios se negaron a recibir la denuncia del representante legal, quien acudió a la Fiscalía Anticorrupción y en última instancia al Congreso del estado, pidiendo la instalación de una comisión especial que investigue el caso y a los funcionarios involucrados.
