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MensajearMorelia, Mich., a 4 de abril de 2025.- En un giro que ha generado sorpresa e indignación entre sectores de la sociedad civil, un juez federal otorgó una suspensión provisional que permite la liberación de las cuentas bancarias de la inmobiliaria DYF, empresa señalada por participar en uno de los escándalos financieros más costosos del sexenio de Silvano Aureoles.
La compañía, que en 2016 recibió por adjudicación directa contratos multimillonarios para la renta y eventual venta de inmuebles destinados a cuarteles de seguridad pública, había sido investigada por presunto fraude al erario por más de 3 mil millones de pesos. Las edificaciones, hechas con materiales ligeros tipo plástico pero con habitaciones blindadas especialmente para el Gobernador, han sido objeto de múltiples críticas por su calidad deficiente y costos inflados.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había bloqueado las cuentas de DYF en 2023, tras presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto lavado de dinero, señalando además a otras dos empresas y ocho personas físicas involucradas en la operación.
Sin embargo, el juez Germán Cruz Silva, del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, concedió la suspensión al argumentar que el bloqueo no contaba con el respaldo de una solicitud internacional, como exige la jurisprudencia actual de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La defensa legal de DYF fue promovida por Joaquín Martínez del Campo, uno de sus accionistas, quien logró ampararse y frenar la medida precautoria de la UIF. La audiencia para determinar si la suspensión será definitiva está programada para el 10 de abril, aunque diversas fuentes judiciales estiman que el fallo será favorable a la empresa.
Cabe recordar que en noviembre pasado, DYF accedió a un acuerdo reparatorio con el Gobierno de Michoacán, comprometiéndose a reintegrar 970 millones de pesos a cambio de inmunidad judicial para sus socios. No obstante, el monto representa solo una fracción del valor de los contratos adjudicados, estimados en más de 5 mil millones de pesos. De cualquier manera, la empresa no ha cumplido con el pago.
