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MensajearCiudad de México, a 26 de marzo de 2026.- Un giro inesperado en el caso de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga ha generado polémica: la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desbloqueó sus cuentas bancarias tras una resolución del Poder Judicial. Sin embargo, la pareja sigue siendo prófuga de la justicia y enfrenta graves acusaciones.
El fallo judicial les permitió salir de la Lista de Personas Bloqueadas, pero eso no significa que sus problemas legales hayan terminado. La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene firmes las investigaciones en su contra por delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado.
A la famosa pareja se le acusa de liderar una red que presuntamente desvió cerca de 3 mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación mediante empresas fantasma y contratos simulados, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
A pesar de este respiro financiero, Gómez Mont y Álvarez Puga no han dado señales de su paradero. Desde 2021, cuando se emitieron órdenes de aprehensión en su contra y la Interpol lanzó una ficha roja, han logrado evadir a las autoridades en más de 190 países.
La corrupción de Álvarez Puga llegó a Michoacán de la mano del hoy prófugo Silvano Aureoles Conejo, quien en el segundo año de su mandato, 2017, dio un contrato de 5 años a Integra Software, una de las tantas empresas de Víctor Manuel Álvarez Puga.
Es contrato fue firmado por el secretario de Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza –ya detenido por desfalco de 3 mil millones de pesos en la construcción de cuarteles–; el titular del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, Guillermo Loaiza Gómez (prófugo); y Raúl García Palacios como “administrador único” de Integra Software.
El contrato se estipuló en dólares y durante los 51 meses que duró, representó 132 millones de dólares (entonces unos 2 mil 700 millones de pesos) a la empresa de tecnología e informática contratada.
Sin embargo, el beneficio para los michoacanos fue todo lo contrario, pues el objetivo del contrato era la instalación de un centro de espionaje a través del monitoreo y seguimiento a direcciones IP y teléfonos celulares.
El mismo documento estipula que la empresa proporcionará “el monitoreo y actualización constante de las direcciones IP ( computadoras, teléfonos y tabletas ) en todo el territorio del estado y cada uno de sus municipios” además de la instalación de 12 terminales y pantallas de monitoreo que la empresa se compromete a mantener “en servicio y mantenimiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año”.
El objetivo del espionaje fueron periodistas, empresarios y políticos, según informó la nueva administración estatal, que fue la que reveló este contrato.
En 2021, a un mes de haber dejado Aureoles el poder, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una ficha roja para la búsqueda de Inés Gómez Mont Arena, conductora de televisión y filántropa mexicana, y de su esposo el empresario chiapaneco Víctor Manuel Álvarez Puga.
En septiembre de 2023, un comando armado ingresó a la casa del cantante español Miguel Bosé en la Ciudad de México, robando varios objetos de valor.
De acuerdo con el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, el objetivo del comando era Víctor Manuel Álvarez Puga, y habría sido enviado por “uno de los políticos a los que le debe dinero” para cobrarle al empresario sus deudas, antes de que lo detuviera la Policía.
“Lo quieren atrapar antes de que la policía lo agarre, porque si lo meten al bote ya no les va a pagar a quien le debe el dinero”, dijo Infante.
Agregó que la casa ya no era habitada por el empresario, pero, “De que vivió ahí Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont, es un hecho”.
