Morelia, Mich; 27 de enero de 2018.- El que por vez primera se haya nombrado a una magistrada en el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) es un paso importante, de acuerdo con Ignacio Hurtado Gómez “que en su momento se haya considerado a la magistrada para que formara parte de este pleno es un paso importante que de alguna manera refleja un empuje que hubo de varios sectores, que planteando esta posibilidad; claro para muchos no es lo deseable, pero al final de cuentas se abrió la posibilidad”.
En el marco de la conferencia sobre paridad de género, el magistrado presidente del TEEM reconoció lo anterior y aseguró que, en un año, ante la salida de dos magistrados “seguramente habrá otra ventana de oportunidad, si así lo estiman quienes en su momento estén en el Senado (de la República)”.
Sobre el presupuesto que ejecutarán en este año, Hurtado Gómez dijo es el que solicitaron de 69 millones de pesos “desde el momento en que lo presupuestamos, lo hicimos convencidos de que es lo que necesitamos para operar; en principio no tendríamos excusa para operar con ese recurso, la mayoría se invierte en personal que es la fortaleza de este Tribunal”.
El aumento de casi cien personas obedece a que la elección se recorre un mes la elección, en comparación al 2015 sólo se tendrá un mes y medio para resolver “quiere decir que en ese tiempo los justiciables tendrán que pasar por Tribunal de Michoacán, por Toluca y Sala Superior, es una dinámica que debemos considerar y por eso la plantilla laboral aumentó ante este fenómeno que se va a presentar”.
Por cuanto a los recursos que se destinarán a los candidatos independientes, el abogado mencionó que “prácticamente estamos hablando de cinco recursos de apelación y juicios para la protección de los derechos; estoy seguro que si en algún momento el Tribunal advirtiera que este caso hay que restituir un derecho a favor de estos ciudadanos; la restitución implicaría un ajuste a los plazos para que estén en igualdad de condiciones para recabar las firmas”. Las inconformidades se basan en que aseguran el cumplimiento de requisitos “contrariamente a lo que afirma la autoridad electoral”.