Morelia, Mich., a 17 de marzo de 2025.- Una célula delictiva a cargo de un sujeto identificado como “Don Chuy” y/o “Chuy La Gorda”, liberado recientemente por irregularidades en su detención, participó en los hechos de violencia del domingo en Michoacán, en los que fueron asesinados cinco agentes federales, entre soldados del Ejército y de la Guardia Nacional.
Así lo dijo la mañana del lunes el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, quien responsabilizó a un juez federal de la liberación de este sujeto, identificado como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El domingo, en dos ataques armados en el occidente de Michoacán, fueron asesinados tres soldados del Ejército y dos de la Guardia Nacional. La jornada incluyó además bloqueos carreteros y quema de vehículos.
Lo que no dijo el mandatario, fue que “Chuy la Gorda” fue liberado al poder demostrar su defensa un montaje en su captura, tras determinar un juez que la Guardia Civil de Michoacán y la Fiscalía General de la República (FGR) incurrieron en diversas irregularidades durante su detención.
El juez Rubén García Mateos señaló que los agentes estatales falsearon reportes, realizaron cateos sin orden judicial y habrían cometido presuntos actos de tortura, robo y simulación de pruebas. Entre las anomalías destacadas se encuentra la alteración de evidencia, el ingreso a domicilios sin autorización y la presunta sustracción de un millón de pesos no reportado en el informe oficial.
Las pruebas también refutaron las declaraciones de los agentes sobre el hallazgo de un altar a la Santa Muerte en el sitio del operativo, ya que se comprobó que la imagen estaba en otro domicilio ajeno a los cateos autorizados. Además, el análisis de radizonato de sodio realizado por la FGR demostró que Rivera Aguirre no disparó arma de fuego, pese a que en el informe policial se afirmaba lo contrario.
El juez concluyó que las acciones de la Guardia Civil de Michoacán vulneraron derechos fundamentales, como la presunción de inocencia y el debido proceso. Asimismo, señaló que hubo destrucción de pruebas, como la eliminación de cámaras de videovigilancia cercanas a los domicilios intervenidos.