FGR impugna y persigue a juez que ordenó retirar prisión a socio del Cruz Azul acusado de crimen organizado y lavado

Almoloya de Juárez, Mex., a 8 de diciembre de 2024.- La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que impuganará la decisión del juez Enrique Beltrán Santes, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, quien determinó modificar la medida cautelar de prisión preventiva justificada de Víctor Manuel “G”. Este último enfrenta cargos por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con el desfalco de la Cooperativa Cruz Azul. La decisión ha desatado una ola de críticas por presuntas irregularidades legales.

La Fiscalía ha señalado múltiples inconsistencias en la resolución judicial. En primer lugar, refutó la afirmación del juez de que el imputado presenta deterioro en su estado de salud, ya que no existe un dictamen médico que lo respalde. Además, la supuesta buena conducta de Víctor Manuel “G” durante su reclusión no ha sido confirmada por informes oficiales del Centro Preventivo Varonil Norte, lo que debilita este argumento como sustento para la modificación de la medida cautelar.

Por otro lado, el juez argumentó que los domicilios a los que tiene acceso el imputado no representan un riesgo de fuga, ya que pertenecen a familiares. Sin embargo, la Fiscalía insistió en que esta accesibilidad incrementa significativamente el riesgo de sustracción, una circunstancia que fue subestimada en la decisión judicial. Asimismo, se desestimó el impacto del bloqueo de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Según la Fiscalía, existen pruebas claras de que Víctor Manuel “G” aún dispone de recursos económicos, los cuales no han sido desmentidos por la defensa mediante pruebas fehacientes.

Otra de las críticas al fallo es la omisión del juez de considerar aspectos clave del caso, como la existencia de otro proceso penal vigente contra el imputado y las amenazas denunciadas a testigos clave. Ambos elementos, según la Fiscalía, incrementan los riesgos procesales y justifican la necesidad de mantener la prisión preventiva.

En este contexto, la Fiscalía anunció que apelará la decisión judicial y además inició una investigación contra el juez Enrique Beltrán Santes por posibles delitos contra la administración de justicia.