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MensajearNueva York, EE.UU., a 2 de abril de 2025.- Una corte federal en Estados Unidos concedió al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, una prórroga de cuatro meses para presentar su apelación contra la sentencia de 38 años de prisión impuesta por delitos de narcotráfico y crimen organizado.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York aprobó la solicitud de la defensa, lo que extiende el plazo hasta el 21 de julio de 2025 para que sus abogados formalicen el recurso legal.
García Luna, quien fue hallado culpable en febrero de 2023, enfrenta una condena por colaborar con el Cártel de Sinaloa, facilitando su operación en México y el tráfico de drogas hacia Estados Unidos a cambio de sobornos millonarios.
Su defensa insiste en que el proceso judicial estuvo lleno de irregularidades, basado en testigos con antecedentes criminales cuya credibilidad es cuestionable. Argumentan además que la fiscalía no presentó pruebas físicas contundentes y que el caso estuvo influenciado por presiones políticas y mediáticas, particularmente por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ha utilizado la sentencia para criticar la estrategia de seguridad de administraciones anteriores.
En diciembre de 2023, García Luna fue trasladado del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn a una prisión federal en Oklahoma, donde se encuentra en la Unidad Especial de Albergue, conocida como “El Hoyo”, una instalación señalada por organizaciones de derechos humanos debido a las condiciones extremas de confinamiento.
Hasta el momento, el Buró Federal de Prisiones (BOP) no ha revelado los motivos oficiales de su traslado, pero ha informado que la fecha programada para su liberación es el 8 de agosto de 2052.
El caso de García Luna ha generado un profundo impacto tanto en México como en Estados Unidos, pues durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) fue considerado el principal artífice de la guerra contra el narcotráfico.
La administración de López Obrador ha utilizado el caso para señalar la corrupción en gobiernos anteriores y ha insistido en la necesidad de investigar a otros exfuncionarios que podrían haber estado implicados.
Con esta prórroga concedida por la Corte de Apelaciones, la defensa del exfuncionario busca revocar la sentencia o reducir la pena, mientras el gobierno de México sigue de cerca el proceso, con la expectativa de que este caso marque un precedente en la lucha contra la corrupción en altos niveles del poder.
