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MensajearZitácuaro, Mich., a 2 de mayo de 2022.- Una llamada entre el Fiscal Regional de Apatzingán y un presunto líder criminal del oriente de Michoacán, derivó en el despido de Francisco Herrera Franco, quien llegó al estado de la mano de Alfredo Castillo Cervantes y se mantuvo en controversia por sus presuntos nexos con el narco durante todo el sexenio del exgobernador Silvano Aureoles Conejo.
A través de las redes sociales circula una conversación entre dos hombres, quienes serían Francisco Herrera Franco y Edwin Rivera Padilla, alias “El Barbas”, la cual habría tenido lugar cuando Herrera Franco era todavía Fiscal Regional de Zitácuaro.
En esta llamada, Herrera Franco y Rivera Padilla -asesinado con otras 19 personas en un palenque clandestino el pasado mes de marzo en Zinapécuaro- discuten un homicidio cometido por un miembro del grupo del Barbas, y piden la ayuda del entonces Fiscal de Zitácuaro.
Así, Francisco Herrera Franco aconseja a su interlocutor, que su socio se entregue para simular un delito culposo y no uno cometido con dolo.
Al terminar la llamada, “El Barbas” agradece al Fiscal su ayuda, manifestando que “sabe que estoy ‘al cien’ con usted, (en) lo que usted pida se le trata de apoyar, yo sé que usted igual”, a lo cual Franco responde que “ya sabes que jalamos bien”.
Francisco Herrera Franco, actual fiscal regional de Apatzingán, arribó a la entidad de la mano del excomisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, y el exprocurador de Justicia y exsecretario de Seguridad estatal, José Martín Godoy Castro, quienes conformaron el denominado grupo de los “Chilangos”, conocidos por su corrupción al interior de las citadas dependencias.
Los compromisos políticos que contrajo Silvano Aureoles con el priismo nacional, por la ayuda prestada para llegar a la gubernatura, hicieron que el gobierno de Aureoles Conejo sostuviera en su cargo a Herrera Franco, señalado por los pobladores de Michoacán, de operar para el grupo conocido como “Cártel de los cristaleros”, que a su vez estaría ligada con el Cártel de La Familia Michoacana que opera fuertemente en los límites de Michoacán y el Estado de México.
Este grupo es señalado de la fabricación, tráfico y venta de metanfetamina, pero además de delitos violentos, extorsiones, despojo de propiedades y cobro de piso, manteniéndose en impunidad durante todo el gobierno perredista.
