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MensajearCiudad de México, a 6 de marzo de 2024.- De acuerdo al colectivo Proyectos y Suministros Interdisciplinarios (PSI-México), es urgente que Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, quienes aspiran arribar a la Presidencia de la República, aborden el tema del marco legal en materia de delitos cibernéticos.
Ezequiel Aguiñiga Tinoco, presidente del Consejo de Administración de PSI-México, recordó que el avance tecnológico es vertiginoso y que la legislación nacional ha quedado rebasada para este tipo de actos ilícitos, que dañan con bolsas millonarias al Estado mexicano, las empresas y las personas en su patrimonio.
“Es crucial tener claridad sobre cómo enfrentar estos delitos, ya que la legislación actual carece de herramientas para sancionarlos; me atrevo a decir que es un tema de seguridad nacional y como tal deben actuar Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez de llegar a la Silla Presidencial”, dijo Aguiñiga Tinoco.
El también investigador del Instituto Politécnico Nacional (IPN) recordó que, durante el último trimestre del año pasado, se registraron en México dos millones 745 mil 738 fraudes cibernéticos, lo que equivale a 400 delitos por hora y seis delitos por minuto en todo el país.
“Estos fraudes no sólo ocasionan pérdidas económicas millonarias para gobiernos, empresas y ciudadanos, sino que también evidencian un vacío legal en la tipificación de los delitos cibernéticos en México, tema que recae de manera directa en el Congreso de la Unión”, expuso.
El ingeniero Aguiñiga Tinoco resaltó que muchos de estos fraudes cibernéticos son perpetrados desde fuera de México, especialmente desde países como China y Colombia, lo que dificulta aún más la investigación y persecución de los responsables por parte de las autoridades mexicanas; sin embargo, hay que prepararse para combatir estas acciones.
“Ante esta problemática, es necesario que los candidatos presenten propuestas concretas para fortalecer el marco legal en materia de delitos cibernéticos. Y es fundamental que se promueva la creación de leyes que tipifiquen y sancionen de manera adecuada estos delitos, así como la formación de profesionales especializados en la materia”, mencionó.
Por lo pronto, el investigador del IPN, Ezequiel Aguiñiga, recomendó invertir en mecanismos de seguridad para dispositivos personales, laborales y empresariales. “La falta de un marco legal adecuado, el déficit de profesionales en investigación de fraudes cibernéticos y la falta de interés del Poder Legislativo para actuar en consecuencia son factores que facilitan la comisión de estos delitos”.
